• Con el fin de combatir la sustracción ilegal de agua que afecta a miles de personas en todo el territorio nacional, Geovanna Bañuelos propone sancionar el huachicoleo del agua.

A través de una iniciativa que adiciona un nuevo Título Vigesimoséptimo con un único capítulo denominado “De los delitos contra el servicio y distribución del agua”, al Código Penal Federal, donde se adiciona una nueva fracción XLV Bis al artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de huachicoleo de agua, los legisladores buscan garantizar el derecho al agua potable.

La senadora Geovanna Bañuelos, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, explicó que la propuesta pretende establecer los siguientes delitos cometidos contra el servicio de distribución del agua:

• Sustracción ilegal de agua de fuentes de abastecimiento o de infraestructura hidráulica.
• Alteración o restricción del flujo de agua destinado al suministro de los usuarios de dicho servicio.
• Sustracción o apropiación con permiso o concesión del agua potable de la infraestructura hidráulica con fines distintos.
• Comercialización de agua sin autorización.
• Distribución de agua potable sin importar el medio y esta sea extraída de fuente diversa a la autorizada por la autoridad competente.
• Omisión de desinfectar agua potable que se encuentre bajo su responsabilidad.

Además, la senadora por Zacatecas, propone facultar a la Comisión Nacional del Agua elaborar en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Secretaría de Seguridad Pública un programa en materia de sanciones por sustracción ilegal de agua.

“Sabemos que la escasez del agua está ligada a diferentes circunstancias; el calentamiento global, la sobrepoblación, la poca regulación que existe para el uso de las grandes empresas, el desperdicio de agua, entre muchos otros. Sin embargo, está en nuestras manos no permitir que se sume la problemática del huachicol”, aseveró Geovanna Bañuelos.

La líder parlamentaria resaltó que de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua, entre 2012 y 2018 contabilizaron 2 mil 280 tomas clandestinas, las cuales tiene un impacto negativo en la economía de las familias dado que el costo del llenado de tinacos de mil litros rondaba los 150 pesos en el año 2022.

“Desafortunadamente no existen datos precisos para conocer el costo que realmente representa el huachicoleo de agua para el país. Lo que es verdad, es que el negocio ilícito es cada vez más rentable a medida que las sequías y los problemas de la infraestructura crecen”, argumentó Geovanna Bañuelos.

Por ello, dijo, es de suma importancia erradicar esta práctica en la que las algunas personas que buscan un beneficio personal por sobre el colectivo perforan tuberías o aprovechan las fugas ya existentes con el objetivo de conseguir el líquido para después venderlo.

“Atender esta necesidad es prioritario, no podemos permitir que siga existiendo la sustracción ilegal del agua sin castigo alguno. El acceso al agua es un derecho humano”, apuntó.

Finalmente, Geovanna Bañuelos enfatizó que el agua no puede ser una problemática que determine las economías de los hogares de este país. “México necesita que se marque un precedente respecto al huachicoleo del agua. No se puede lucrar con el bienestar de las familias. El agua, como la vida, no es cuantificable en pesos”.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia, Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y posterior dictamen.